Octubre y noviembre se caracterizan por ser meses donde los rituales de magia o santería no se hacen esperar. Para diferentes culturas alrededor del mundo se han asociado los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos.

Dentro de las tradiciones mexicanas, se considera que en la noche del dos de noviembre se abre un portal entre el mundo de los vivos y muertos, donde ambos pueden convivir. Para ello, se instalan altares en los hogares, plazas, iglesias, escuelas, etcétera, preparados con las fotos de los difuntos, la comida favorita de éstos, caminos con flor de cempazuchitl y veladoras encendidas para guiar las almas a sus hogares, una noche al año.

Sin embargo, en estas fechas, como a lo largo del año, vemos anunciados en papelitos, carteles, volantes, periódico, internet, o por cualquier medio, personas que dicen tener poderes sobrenaturales, capaces de lograr sanar cualquier padecimiento físico, mental y emocional. Aseguran tener amarres para que el amor no se escape de tus manos, limpias para eliminar la mala vibra a tu alrededor, hechizos y pócimas capaces de atraer el dinero, la salud, la felicidad… Otros tantos leen las cartas, el café, runas, un sinfín de artefactos con los que juran comprender tu pasado, entender tu presente y predecir tu futuro, brindándote herramientas para cambiar lo que no quieres y lograr tus objetivos… pero ¿estas prácticas son legales?

Parece que lejos de las tradiciones como la espera de los difuntos, existen personas con estas habilidades considerados ejes centrales en la vida de aquellos que creen en su poder místico, a quienes les pagan cantidades de dinero considerables con tal de obtener sus más profundos deseos.

Con la creciente oferta y demanda de dichos servicios, la ley tuvo que actuar para evitar que los creyentes fueran engañados y estafados. El código penal federal contempla un tipo de fraude cuando una persona explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo, por medio de la supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones. Es decir, que se valga del engaño para obtener un beneficio, como puede ser el económico. Reunidas estas condiciones, la autoridad puede aplicar castigos que van desde la prisión hasta por 12 años y una multa equivalente a 120 días de salario mínimo.

Además, cabe recordar, que existen plantas y sustancias utilizadas frecuentemente por los santeros, brujos o hechiceros, y que se encuentra prohibido su uso por la ley general de salud, constituyendo otro delito que también se castiga con cárcel y multa, dependiendo la gravedad.

Si bien cada país tiene sus costumbres, la realidad es que la ley debe intervenir cuando algunas prácticas se vuelven nocivas para la sociedad, al poner en peligro la vida, seguridad y economía de las personas, evitando que la gente se aproveche de las circunstancias y necesidad de otros.

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